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ACUERDO Y SENTENCIA Nº 143/05

“MICHEL BESCH, OTTO ANDREAS C/ EMPRESA DE TRANSPORTE SAN AUGUSTO (LÍNEA 50) S/INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”.

En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días quince del mes de setiembre del año dos mil cinco, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial ajo, segunda sala, María Sol Zuccolillo Garay de Vouga, Gerardo Báez Maiola y Juan Carlos Paredes Bordón., en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “MICHEL BESCH, OTTO ANDREAS C/ EMPRESA DE TRANSPORTE SAN AUGUSTO (LÍNEA 50) S/INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”.-

Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, segunda sala, resolvió plantear y votar la siguiente.

CUESTIONES:
¿Es nula la sentencia apelada?
¿En caso negativo, esta ajustada a derecho?

A la primera cuestión. - La doctora Zuccolillo Garay de Vouga dijo: El representante de la Empresa de Transporte San Augusto SRL, línea 50, codemandada y perdidosa, funda el recurso de nulidad en supuesta indefensión al haberse dictado dos autos interlocutorios, (A.I. N° 247 del 15 de octubre de 2002 y A.I. N° 257 del 31 de octubre de 2002) que disponían en la parte resolutiva "notifíquese", sin que esta diligencia se haya cumplido dado que su parte no recibió cédula de notificación alguna, produciéndose así el cercenamiento del derecho a la defensa que acarrea la nulidad de la sentencia recaída.

Agrega que siendo dos los demandados, con diferente representación y domicilio procesal, debió notificarse personalmente a cada uno de ellos la apertura a prueba en el incidente de redargución de falsedad.

Del examen del expediente surge, sin embargo, que a fs. 64 el recurrente fue notificado de la apertura de la causa a prueba y la cédula de notificación fue recibida personalmente por el abogado R. P., quien a fs. 170 planteó reposición de la decisión del a-quo de abrir la causa a prueba recayendo el A.I. N° 247 (fs. 184) y su aclaratoria A.I. N° 257 (fs. 188) en virtud del cual el a-quo estableció que la apertura de la causa a prueba comprendía tanto la causa principal como el incidente de redargución de falsedad por disposición expresa del art. 308 del CPC, decisiones que se encuentran firmes a la fecha.

El recurrente califica, además la sentencia de "ultra petita" dado que el a-quo ha concedido rubros que no fueron objeto de reclamo en la demanda, específicamente hace referencia al lucro cesante que el actor estimó en Gs. 500.000 y la sentencia otorgó Gs. 5.000.000 y el daño moral concedido en una suma mayor a la solicitada en la demanda.

Al respecto el art. 15, inc. d) efectivamente, establece la obligación del juez de pronunciarse únicamente sobre lo que sea objeto de petición, bajo pena de nulidad.

Pero resulta que en juicios de la naturaleza del que nos ocupa en los que se reclama indemnización proveniente de la responsabilidad civil por acto ilícito, el juez tiene facultades para determinar el monto de la condena (art. 452 CC), moderar la indemnización (art. 1857 e inclusive fijarla en forma provisoria cuando no fuere posible establecer con precisión un valor en el momento de la sentencia (art. 1860 CC).

No existe pues pronunciamiento "ultra petita", como sostiene el recurrente, a más que la cuestión relativa al monto de la indemnización puede ser analizada en el marco del recurso de apelación.

Corresponde pues desestimar el recurso de nulidad.

Los doctores Báez Maiola y Paredes Bordón manifestaron: Votar en el mismo sentido.

A la segunda cuestión: - La doctora Zuccolillo Garay de Vouga dijo: La sentencia definitiva en estudio desestimó el incidente de redargución de falsedad promovido por Imperio S.A. de Seguros y Reaseguros, citada en garantía, e hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Otto Andreas Michael Besch contra la Empresa de Transporte San Augusto SRL (línea 50) e Imperio SA de Seguros y Reaseguros, condenando a los accionados a pagar la suma de Gs. 21.947.059 más intereses a partir de la promoción de la demanda.

Ambos demandados han interpuesto recurso de apelación, pero a Imperio SA de Seguros y Reaseguros se le dio por decaído el derecho a presentar su expresión de agravios por presentación extemporánea, conforme A.I. N° 584 del 25 de agosto de 2004 (f. 314).

Por consiguiente corresponde examinar únicamente la apelación de la Empresa de Transporte San Augusto (línea 50) cuyos fundamentos obran a fs. 301/303

Sostiene el recurrente que el actor solamente pudo demostrar fehacientemente el daño emergente, no así el lucro cesante, la depreciación del vehículo y el daño moral, para cuya demostración se valió de testigos que reconocieron en cierta medida haber trabajado con el actor y que carecen de idoneidad para evaluar la afección síquica que pudo ocasionar el suceso en el ánimo del actor, que serviría de fundamento al reclamo del rubro de daño moral

El art. 1856 del CC establece el alcance del resarcimiento en los siguientes términos: "El obligado a indemnizar el daño que le sea imputable resarcirá todas las consecuencias inmediatas, y las mediatas previsibles, o las normales según el curso natural y ordinario de las cosas, pero no las casuales, salvo que éstas deriven de un delito y debieran resultar según las miras que el agente tuvo al ejecutar el hecho...". Es decir que la obligación de indemnizar el daño comprende las consecuencias mediatas e inmediatas previsibles, pero no las causales. La destrucción de la huerta y mortandad de peces y gallinas que reclama el actor no pueden calificarse como consecuencia mediatas ni inmediatas del accidente dado que el mismo no estaba imposibilitado de trasladarse a su establecimiento de Ypané, si bien no en su vehículo que quedó afectado por el choque, tenía posibilidad de hacerlo por otro medio. Por lo demás, resulta impensable que el actor no tenga alguna persona que lo ayude en el establecimiento, o un cuidador y que el lugar quede totalmente abandonado cuando su propietario está en Asunción, donde, por cierto, reside. La suma concedida por este concepto debe ser excluida de la condena.

El mismo criterio corresponde aplicar al pago de honorarios al abogado y al escribano en virtud de la disposición del art. 1856 del CC, ya transcripta.

En cuanto a la depreciación del vehículo que el a-quo estimó en Gs. 5.000.000 resulta improcedente la admisión de este rubro por cuanto está demostrado en autos que las partes afectadas con el accidente no son vitales en el vehículo. Ello surge de las facturas agregadas como pruebas en las que no se advierte el cambio de piezas esenciales, sino trabajos de desmonte de partes del vehículo para proceder a la reparación y pintura del capo, que en ningún caso importan la depreciación que estima la sentencia. Este rubro también debe ser excluido.

Con relación al daño moral alega el actor que el accidente y privación del uso del vehículo le ha causado zozobra por cuanto ante la total falta de seriedad de los demandados quienes incumplieron su promesa de abonar los daños.

No se puede desconocer que acontecimientos de esta naturaleza (accidentes de tránsito) ocasionan disgusto e incomodidad a las víctimas, pero ello no amerita la existencia del daño moral cuya nota característica es una aflicción o angustia a los sentimientos capaz de originar una desazón espiritual que merece ser compensada.

En los accidentes de tránsito en los que sólo se han producido daños materiales en el vehículo, no cabe hablar de daño moral ya que no se trata de un perjuicio extrapatrimonial traducido en molestias o sufrimientos, sino de daños materiales que deberán ser reparados mediante los correspondientes reclamos.

Corresponde pues excluir también este rubro.

En atención a cuanto se tiene expresado la sentencia debe ser modificada en cuanto hace relación a los rubros reclamados excluyendo los siguientes: a) depreciación del vehículo: Gs. 5.000.000; b) lucro cesante: Gs. 5.000.000; c) daño moral: Gs. 3.000.000, debiendo los demandados abonar al actor la suma de Gs. 8.447.059 que corresponde al daño emergente.

Las costas, en esta instancia, por su orden, dado que ha prosperado parcialmente la apelación (inc. c) art. 203 CPC).

Los doctores Báez Maiola y Paredes Bordón manifestaron: Adherirse al voto precedente por sus mismos fundamentos, con lo que se dio por terminado el acto, firmando los señores miembros, por ante mí quedando acordada la sentencia que sigue a continuación.

Con lo que terminó el acto, firmando los Sres. Magistrados por ante mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue a continuación:

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 143

Asunción, 15 de setiembre de 2005.

VISTO: Por mérito que ofrece el acuerdo precedente y sus fundamentos,

EL TRIBUNAL DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL
SEGUNDA SALA
RESUELVE:

NO HACER LUGAR al recurso de nulidad.

CONFIRMAR LA S.D. N° 668 del 7 de noviembre de 2003 con la modificación señalada en el cuerpo del presente acuerdo, en el sentido de excluir de la condena los rubros de depreciación del vehículo, lucro cesante y daño moral, debiendo la perdidosa abonar la suma de Gs. 8.447.059 en concepto de daño emergente.

IMPONER COSTAS en el orden causado.

ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

María Sol Zuccolillo Garay de Vouga
Gerardo Báez Maiola
Juan Carlos Paredes Bordón.

 

 

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